El día de ayer, 27 de junio de 2023 se llevó a cabo la audiencia pública dentro de la acción de protección No. 17292-2023-00514 seguida por la familia Albuja León en contra del Fideicomiso San Cayetano -cuya Fiduciaria es la compañía Enlace Negocios Fiduciarios -, del GAD Municipal de Mejía y de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mejía, quienes han vulnerado derechos de la naturaleza, medio ambiente, acceso a agua segura, ciudad y hábitat seguro y vivienda, de manera interrumpida, por más de 10 años.
La familia Albuja León vive, desde 1990, en el predio denominado el Chaparral, ubicado en el Barrio El Belén de la parroquia Tambillo, del cantón Mejía; el Fideicomiso San Cayetano es propietario del predio San Cayetano que se encuentra contiguo al predio de la familia Albuja. El cantón Tambillo, desde siempre, ha sido una zona rural, con suelo de vocación agrícola ganadera.
En el año 2012, el Gad de Mejía aprobó el proyecto definitivo de la Lotización “San Cayetano”, de propiedad del Fideicomiso San Cayetano y, para justificar tal autorización urbanizó suelo con vocación agrícola. Es decir, el Municipio de Mejía autorizó el desarrollo de un proyecto urbanístico sin planificación ocasionando un crecimiento urbano no sostenible que irrespeta la frontera agrícola de la parroquia Tambillo.
El desarrollo del proyecto urbanístico no consideró las características geográficas y del suelo de la zona, pues se trata de un terreno que según la Secretaria de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Vivienda presenta pendientes que oscilan entre los 5 y 70% en donde naturalmente existe un pantano, es decir, se trata de un suelo inestable, situación que se agrava por cuanto el Fideicomiso, en el afán de suprimir las pendientes para nivelar el terreno, realizó obras de relleno para formar una plataforma que han causado un desnivel con un talud de aproximadamente 2 metros entre el predio San Cayetano y el predio El Chaparral que constituye un riesgo que amenaza la vida de las habitantes de la propia Urbanización y de la familia Albuja.
Por otro lado, al ser una zona agrícola ganadera, no existía ni existe red pública de alcantarillado ni de agua potable, el abastecimiento de agua para uso humano, riego y abrevadero, se realiza a través de una vertiente natural de agua denominada Guantun Ladera, que se encuentra en las inmediaciones del predio en donde se ubica la Urbanización.
El Fideicomiso San Cayetano tenía la obligación de realizar, hasta 2015, la totalidad de obras de infraestructura de saneamiento, sin embargo, hasta la presente fecha no las ha ejecutado alegando que el constituyente del fideicomiso, la compañía MAKTRADECORP S.A -perteneciente al grupo PROINCO- entró en liquidación en 2015 al verse inmersa en una investigación penal por el delito de estafa masiva que afectó a cientos de jubilados, hecho público que fue ampliamente difundido en medios de comunicación.
Actualmente, aproximadamente 50 familias habitan en la Urbanización pese que a que las obras de saneamiento nunca fueron concluidas por el Fideicomiso de manera que las aguas residuales que generan estas familias son descargadas mediante tuberías que las depositan de manera directa en el suelo y corren a cielo abierto hacia la vertiente de agua limpia Guatung Ladera, contaminando el suelo y las aguas limpias de las que se abastecen los Accionantes y sus animales. Según exámenes de laboratorio el agua de la vertiente muestra presencia de coliformes fecales.
Los hechos fueron expuestos en la audiencia pública ante la jueza constitucional a cargo de la causa, quien dispuso suspender la audiencia y realizar una verificación in situ para constatar las vulneraciones de derechos alegadas, diligencia que se realizará el próximo 07 de julio de 2023.
Llama la atención que la Fiduciaria del Fideicomiso San Cayetano, la compañía Enlace Negocios Fiduciarios, es la misma que administra el Fondo para la protección del Agua FONAG. Así, mientras en sus redes sociales capitaliza el discurso en favor de la naturaleza y el medio ambiente, en silencio el Fideicomiso San Cayetano, también bajo su administración, vulnera flagrantemente, por más 10 años, los derechos de una familia de agricultores.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se mantendrá vigilante de lo que ocurra en este caso que involucra derechos de la naturaleza y del medio ambiente en el marco de la puesta en marcha de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, los estándares internacionales de derechos humanos y la legislación nacional. La salud humana y el equilibrio ecosistémico es prioridad y son derechos que no pueden seguir siendo vulnerados.
Nos solidarizamos con las familias afectadas y recordamos a las autoridades nacionales, a las instituciones públicas y privadas que sus actuaciones deben corresponder al marco de la ley en garantía del ejercicio pleno de los derechos. Solicitamos a los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, a los medios de comunicación y organizaciones sociales, prestar atención especial a este caso y estar vigilantes de lo que ocurra.
