La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), ALERTA que el 18 de marzo de 2024, 70 personas de las parroquias rurales Las Pampas y Palo Quemado, pertenecientes al cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, fueron acusadas del delito de terrorismo por ejercer su derecho a la resistenciay oponerse a la consulta ambiental promovida por instituciones del Gobierno Nacional y respaldas por la fuerza pública.
Es importante mencionar que, la vulneración de derechos inició el 10 de marzo de 2024, cuando un grupo de personas desconocidas ingresaron en camiones a las parroquias Palo Quemado y Las Pampas. La inusual presencia de personas ajenas al territorio no pasó desapercibida y fue relacionada con la consulta ambiental, la misma que, estaba suspendida desde de julio de 2023, cuando se intentó instalar la consulta ambiental en el territorio, a pesar de la férrea oposición de la población local.
Al siguiente día, se registraron enfrentamientos entre las personas oriundas de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, con las personas desconocidas, quiénes, se revelaron como grupos de choque que llegaron al territorio para amedrentar a las familias campesinas e intentar contener la oposición al proyecto minero.
Paralelamente, se registró una denuncia pública de la “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador” y de la “Junta de Defensa del Campesinado Filial Palo Quemado”, en esta denuncia se acusaba a organizaciones, entre ellos a CEDHU de irrumpir en una reunión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y habitantes del Recinto Las Minas de La Plata. No obstante, eran acusaciones sin ningún fundamento y quedaron desacreditadas.
Llama la atención, que la cabeza de la llamada “Confederación Nacional de Juntas de Campesinado del Ecuador” es la misma persona que, abusando del derecho penal, acusa de terrorismo a 70 campesinos y campesinas que están intentando defender su territorio de proyectos que resultan incompatibles con su forma de habitar el territorio. La denuncia de terrorismo es una estrategia usada por grupos, personas o empresas que están a favor de la minería para criminalizar a organizaciones sociales y personas defensoras que no quieren proyectos mineros en sus territorios. Estrategia, que tiene consecuencias nefastas en los proyectos de vida de familias enteras, porque expone a campesinos y campesinas defensoras que no son delincuentes y procuran un futuro digno para sus familias, a un sistema judicial complejo y distante, y a un sistema penitenciario plagado de corrupción y violencias.
Recordamos, que en 2011 el relator especial de Naciones Unidas de Philip Alston, alertaba en un informe sobre la justicia ecuatoriana y las ejecuciones extrajudiciales sobre las Juntas del Campesinado del Ecuador. En el informe se mencionaban “graves abusos cometidos por algunas juntas contra las comunidades” (Naciones Unidas 2011, 14). Las personas entrevistadas para el informe de Naciones Unidas manifestaron haber sido presas de amenazas, secuestros torturas o incluso muertes perpetradas por los representantes de las Juntas. Es decir, el denunciante de los actos de terrorismo es una persona sobre la que pesan graves acusaciones, y, hoy en día genera conflictos en otros territorios.
Es importante mencionar la responsabilidad del Gobierno de Daniel Noboa, que, desde su participación a principios del mes de marzo, en una de las ferias mineras más grandes del mundo, la llamada Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) realizada en Toronto (Canadá), intentó posicionar a Ecuador -aún más- como un destino minero y suscribió seis compromisos de inversión minera con Canadá por un monto de $4.800 millones. Además, se comprometió a operativizar el derecho de consulta previa, libre e informada en los territorios a través de un manual que facilitará a las empresas la
obtención de licencias de operación. De esta manera se ha intentado acelerar al máximo la imposición de este proyecto minero con capital canadiense en un territorio que legítimamente se opone, por las graves consecuencias sobre sus vidas.
Frente a esta situación, el 14 de marzo del 2024, el representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, conversó con representantes de las comunidades campesinas de Las Pampas, y expresó su empatía con la situación de las comuneras y el apoyo de la Oficina a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en juego; manifestó su máxima preocupación por la formaen la cual, según los testimonios, se estaría desarrollando la consulta. En ese contexto, valoró el apoyo que la CEDHU está brindando a las comunidades afectadas y explicó el rol de los diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos existentes que podrían dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos que la comunidad denuncia; reiteró el compromiso de la Oficina en el acompañamiento del caso, incluso en la observación de procesos judiciales.[1]
Como CEDHU hacemos un llamado a las organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos internacionales de derechos humanos a estar alertas sobre este nuevo acto de criminalización y vulneración de derechos humanos de personas que defienden la vida y sus territorios. Solicitamos la intervención de manera urgente de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, para evitar que se vulneren más derechos y se criminalice y ponga en riesgo la vida de personas defensoras y sus familias. Advertimos a la Fiscalía General del Estado, el abuso del derecho penal para criminalizar personas defensoras y su obligación de actuar considerando los estándares nacionales e internacionales de protección a personas defensoras en estos contextos.
[1] https://acnudh.org/ecuador-oficina-dialogo-con-representantes-de-comunidad-de-las-pampas-sobre-consulta-ambiental-de-proyecto-minero-en-palo-quemado/
