ABACALEROS Y ABACALERAS ESPERAN REPARACIÓN INTEGRAL TRANSFORMADORA
El próximo martes 9 de abril de 2024 se llevará a cabo la Audiencia Pública convocada por Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, en el marco de la Acción de Protección presentada por los abacaleros y las abacaleras en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y de varias instituciones del Estado por la vulneración sistemática a sus derechos.
Por más de 60 años la Empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador ha sometido a cientos de personas campesinas, en su mayoría afroecuatorianas, a vivir en condiciones de esclavitud moderna dentro de las haciendas de la empresa donde han cosechado abacá para su exclusivo beneficio.
Recordemos que en el año 2018 un grupo de ex trabajadores y trabajadoras de la empresa rompieron el silencio y denunciaron en la Defensoría del Pueblo de Ecuador, las graves vulneraciones de derechos humanos a las que fueron sometidos, en ese entonces, por más de 56 años. El 18 de febrero de 2019, la Defensoría hizo público el Informe de Verificación de Derechos Humanos presentando como un caso de Servidumbre de la Gleba —una forma contemporánea de Esclavitud.
En el informe se develaron múltiples violaciones de derechos humanos entre ellos: intermediación laboral (tercerización) prohibida en la Constitución de la República del Ecuador; trabajo infantil; jornadas laborales de más de 10 horas; remuneraciones por debajo del salario básico unificado; no contaban con seguridad social; niños, y adultos sin registro de nacimiento; hacinamiento; insalubridad; falta de energía eléctica; falta de agua segura y de servicios higiénicos.
Además, como consecuencia del trabajo forzado y la falta de equipos de trabajo adecuados, algunos de los ex trabajadores sufrieron mutilaciones y discapacidades. También se identificaron personas con enfermedades catastróficas y discapacidades entre otras graves vulneraciones. a la fecha, ocho trabajadores campesinos han fallecido sin recibir justicia ni reparación integral.
El 12 de diciembre de 2019 un grupo de 123 sobrevivientes, conjuntamente con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, y acompañadas por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, demandaron al Estado ecuatoriano y a la Empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por las omisiones y vulneraciones de sus derechos.
En este proceso el juez de primera instancia aceptó la demanda, y el 15 de enero de 2021, declaró la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, prohibición de esclavitud por servidumbre de la gleba, el derecho a la salud, a la vivienda, educación e identidad. La sentencia fue notificada el 16 de abril del mismo año, en la que se dispusieron varias medidas de reparación a la empresa y al Estado.
En apelación, la Corte Provincial de Justicia liberó de responsabilidad al Estado ecuatoriano, y mantuvo la responsabilidad de la compañía. Declaró la vulneración de derechos y realizó observaciones a las medidas de reparación en cuanto la obligación de iniciar juicios de cuantificación para establecer montos para la reparación económica. En ningún momento revocó las medidas de reparación planteadas en la sentencia de primera instancia, incluyendo las dirigidas al Estado.
Al resolver el recurso de ampliación y aclaración, la Sala de Apelación revocó las medidas cautelares por considerarlas innecesarias, y reformó la sentencia respecto a la existencia de trabajo infantil y la medida de reparación de entrega de tierras.
De esta decisión las partes procesales presentaron acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Aquella presentada por los accionantes fue admitida a trámite el 24 de enero de 2022, sin embargo han transcurrido más de 2 años y ahora nos encontramos en un momento crucial en el que esperamos alcanzar reparación integral y transformadora para las víctimas sobrevivientes de esclavitud moderna, y que se declare la responsabilidad del Estado como de la Empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador por las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas contra cientos de abacaleros y abacaleras.
El Comité de Solidaridad agradece a todas las personas y organizaciones sociales que apoyan este caso, a las abogadas, comunicadoras, investigadoras, activistas y ciudadanas independientes; pero sobre todo hacemos un reconocimiento a las familias abacaleras que con tenacidad sostienen esta lucha. El Comité de Solidaridad seguirá acompañando el camino, cada vez más cercano, que asegure mejores condiciones de vida después de décadas de violencias y exclusión.
¡No más impunidad, reparación integral ya!
