El día de ayer, martes 9 de abril de 2024, desde las 10h30 se instaló la audiencia pública convocada por Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional, en el marco de la Acción de Protección presentada por las y los abacaleros en contra de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y 5 instituciones del Estado.
Ocho de los nueve jueces estuvieron presentes en la audiencia que duró más de 7 horas, quienes en este tiempo escucharon a las víctimas y la exposición de argumentos de las partes. Las y los abacaleros (338 personas) estuvieron representados por la abogada Alejandra Zambrano, junto a Rodrigo Varela y Mery Tadeo, abogados de la Defensoría del Pueblo. Por la parte demandada se presentó la empresa Furukawa con sus representantes y 5 instituciones estatales: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y una representante del Registro Civil.
Las y los abacaleros, víctimas de esclavitud contemporánea, contaron a las y los jueces constitucionales que trabajaron desde los 8 o 10 años de edad en las plantaciones de abacá, cómo vivían, cómo era el trabajo que realizaban, cómo transcurrían sus vidas. Una de las sobrevivientes narró cómo le fue robada su dignidad. Tuvo a su primer hijo sin asistencia médica, sola en uno de los campamentos, y ella misma tuvo que cortar el cordón umbilical con una lata. En el tercer embarazo su hijo falleció en su vientre porque tuvo que salir caminando más de una hora hasta la carretera.
Luego de escuchar estos testimonios se evidenció la vulnerabilidad de las abacaleras y los abacaleros, aspecto trascendental de la causa porque a esto se debe que fuera fácil someter su voluntad y restringir su autonomía.
Recordemos que la totalidad de las víctimas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, que el 60% de las víctimas son personas afrodescendientes contra quienes existe un patrón histórico estructural de discriminación, que el 95% son analfabetas. Todo esto es resultado del abandono histórico del Estado con la población empobrecida, sobre todo afrodescendiente, a quienes se les ha negado el acceso a sus derechos a salud, educación, identidad, vida digna, entre otros derechos fundamentales.
Por su parte, los testigos presentados por la empresa Furukawa dijeron que las condiciones de vida y laborales en la empresa eran adecuadas, pero se trataba de trabajadores administrativos, no trabajadores de campo, sin embargo, una testigo en particular refirió una historia similar a la de los demandantes. Ella también había crecido en los campamentos, su padre había sido trabajador contratista, tenía que caminar más de una hora para ir a la escuela, ratificando los mismos patrones de vulneración de derechos que se discuten en este caso.
Destacamos que ni el Estado ni la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador negaron las condiciones de vida y de trabajo en que las personas se han mantenido por más de 60 años.
Ahora, lo que esperamos de la Corte Constitucional es la declaración de que estas condiciones de vida y de trabajo configuran Servidumbre de la Gleba, y esto tiene que partir de otro reconocimiento: que en Ecuador persisten prácticas análogas a la esclavitud. Sin ese reconocimiento, las garantías de no repetición y las políticas públicas que puedan construirse no van a adecuarse a resolver el problema.
De igual forma, la Corte Constitucional debe reconocer la responsabilidad del Estado por omisión en este caso de graves vulneraciones de derechos humanos.
En cuanto a las medidas de reparación integral, los accionantes (demandantes) solicitan ser compensados por los años de vida y de trabajo en los que fueron vulnerados sus derechos, por las afectaciones a su salud, reparación por daño inmaterial por el sufrimiento causado, acceso a tierras y medidas de rehabilitación que posibiliten una verdadera inclusión económica y social.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo destacó que la Corte debe emitir una sentencia que garantice y repare los derechos, no solo a los accionantes de estas dos causas, sino a las más de 1.244 personas que vivieron y trabajaron para la empresa Furukawa.
Esperamos que la Corte Constitucional emita su resolución de manera célere ya que las y los abacaleros no han podido cambiar su condición de vida, y después de 5 años de lucha y resistencia necesitan con urgencia ser reparados de manera integral.
Comunicación Comité Solidaridad Furukawa Nunca Más +593 99 9311384
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