El papel de los Estados Unidos y las organizaciones multilaterales en las estrategias de seguridad y la lucha contra el crimen organizado
Washington, DC – Una delegación de Ecuador, compuesta por organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios, Amazon Watch, CEDHU, CDH Guayaquil, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, FOIN y comunidades afectadas por la militarización, con el apoyo de Amnistía Internacional EE. UU., presentó los resultados de una misión destinada a proporcionar información de primera mano sobre los graves reveses en los derechos humanos y los impactos de las economías ilegales en las comunidades indígenas y campesinas.
Estos reveses se han producido en el contexto de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno ecuatoriano, la expansión de la delincuencia organizada y las crecientes amenazas contra los derechos humanos y los defensores de la tierra. Además, se plantearon preocupaciones sobre la reducción del espacio cívico para la sociedad civil y los periodistas, así como sobre las violaciones de los derechos humanos en las prisiones ecuatorianas.
Desde el 9 de enero de 2024, tras un aumento de la violencia que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, el gobierno del presidente Noboa declaró el estado de emergencia debido a graves disturbios internos, acompañados de la declaración de un «Conflicto Armado No Internacional» (NIAC), como medida para abordar la inseguridad, la crisis penitenciaria y el crimen organizado. Sin embargo, varios meses después de la aplicación de estas medidas, han surgido preocupaciones sobre su eficacia.
A pesar de los esfuerzos, no se han tomado medidas estructurales para desmantelar las redes a largo plazo de la delincuencia organizada o reducir la violencia. Las políticas se han centrado en ocupar las penitenciarías, las zonas costeras y las zonas fronterizas, sin abordar la proliferación de economías ilegales. Además, en el contexto del NIAC, los informes de abusos contra los derechos humanos han aumentado, debido al uso excesivo de la fuerza pública y a la falta de garantías para los civiles.
La delegación celebró reuniones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, incluidos miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y el Departamento de Estado, específicamente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Oficina de Asuntos Político-Militares. También se reunieron con representantes del Consejo de Seguridad Nacional de los EE. UU. Presidencia. Aunque Ecuador ha recibido más de 200 millones de dólares en ayuda extranjera de los Estados Unidos para proyectos de seguridad, siguen existiendo serias preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales en medio del aumento de la violencia y la militarización.
La delegación también se reunió con el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional (DDOT) y varios mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) para destacar la gravedad de los abusos contra los derechos humanos en Ecuador. Los debates incluyeron la situación de los detenidos, la libertad de expresión, la criminalización de los activistas que defienden sus tierras y sus vidas, y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Finalmente, la delegación intercambió perspectivas e información con la sociedad civil estadounidense, buscando estrategias conjuntas para fortalecer el monitoreo y la presentación de informes internacionales sobre la grave situación a la que se enfrenta la población ecuatoriana.
¿Quién forma la delegación internacional?
- Nely Shiguango: Testimonio sobre el crimen organizado y la expansión de las economías ilegales.
- Daniel Sisa: Presidente de la Junta de Agua Potable de Jerusalén, líder campesino y defensor de los derechos humanos y ambientales. Testimonio sobre los impactos de las fuentes de agua, las amenazas y la criminalización de los defensores.
- Daniel Noroña, Director de Defensa para las Américas, Amnistía Internacional EE. UU.: La importancia de la cooperación entre los Estados Unidos y Ecuador y los resultados esperados.
- Sofía Jarrín, asesora defensora de la Amazonía occidental, Amazon Watch: El impacto de las economías ilegales y el crimen organizado en los derechos de los pueblos indígenas y la degradación ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
- Vivian Santander, Coordinadora de Asesoría Jurídica, INREDH (Ecuador): Cómo la militarización de la seguridad pública ha afectado la protección de las libertades y derechos básicos en Ecuador.
- Billy Navarrete, Director Ejecutivo, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) (Ecuador): La situación de los derechos humanos en las prisiones ecuatorianas, especialmente después de la intervención militar en los centros de detención.
- Patricia Carrión, Coordinadora y abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador): La situación de los defensores de los derechos humanos en contextos extractivos, incluidos los criminalizados por el Estado durante el estado de emergencia.
Información adicional
Crisis de seguridad y militarización
Situación de los defensores de los derechos humanos
- Violación de derechos y fraude en los procesos de consulta: El caso del proyecto minero El Domo en Las Naves, Bolívar.
- Reunión informativa sobre los defensores de los derechos humanos en Ecuador
Militarización y criminalización
- Nota de defensa sobre la militarización en Ecuador
- Informe sobre la declaración de un conflicto armado no internacional
- Nota de Incidencia sobre situación en cárceles
Para más información, contacte con:
Sofía Jarrín Hidalgo, Amazon Watch en sjarrin@amazonwatch.org
Vanessa Bósquez, CEDHU en vanessa@cedhu.org
Yuli Gaona, INREDH en comunicacion@inredh.org
Fernando Bastias, CDH Guayaquil en fbastias@cdh.org.ec
