La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) expresa su profunda preocupación ante la orden de prisión preventiva dictada el pasado 14 de agosto de 2026 por la jueza Raquel Maza, de la Unidad Judicial Penal de Imbabura, en contra de Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin). El dirigente indígena es procesado por el presunto delito de «paralización de servicios públicos», en relación con las movilizaciones sociales registradas en septiembre y octubre de 2025 en rechazo a las medidas económicas del Gobierno.
Para la CEDHU, la aplicación de la prisión preventiva en este caso no constituye un hecho aislado, sino que es indicativa de una política represiva y de un patrón sistemático de criminalización de la protesta social y de la labor de las organizaciones populares en el país. Esta tendencia, que ya ha sido documentada en otros territorios como el cantón Las Naves, se caracteriza por el uso instrumental del derecho penal para amedrentar a líderes comunitarios, limitar el espacio cívico y desarticular la organización social frente a políticas estatales controvertidas. En el caso específico de Las Naves, 6 defensores ya tienen una sentencia condenatoria y el lunes 24 de agosto se realizará la audiencia de otras 3 personas, que podrían ser condenadas a 4 años de prisión.
La CEDHU hace un llamado urgente a las autoridades judiciales a actuar con independencia, garantizando el debido proceso y el respeto irrestricto al derecho a la resistencia y a la protesta social (consagrado en el artículo 98 de la Constitución). Asimismo, exhortamos al Estado ecuatoriano a deponer el uso de la vía penal como mecanismo de persecución política e intimidación contra quienes ejercen de manera legítima la defensa de sus derechos colectivos e históricos.
