El Pleno reconoció que, de acuerdo con el informe realizado por la Defensoría del Pueblo, en febrero de 2019, las familias que viven y trabajan dentro de las haciendas de Furukawa enfrentan condiciones de servidumbre que podría constituir una forma de esclavitud moderna. Exhortó al Ministerio de Trabajo para investigue y, de ser el caso, sancione a la empresa Furukawa e invitará a varias autoridades a comparecer por este caso. En tanto, a la Fiscalía solicitó que investigue las posibles conductas previstas en Código Penal en que pudo haber incurrido la empresa. Vea la resolución completa aquí.
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