Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar movilizaciones y por ende la protesta social. Leer ALERTA en PDF.

Contratistas militares: ¿Garantía de seguridad o negocio de conflicto?
El día 11 de marzo del 2025, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el contratista internacional de defensa