El día de hoy, 03 de agosto de 2023 se llevó a cabo la audiencia de juicio de los defensores del agua y la tierra Angel G. y Manuel R. por el presunto delito de daño a bien ajeno público que supuestamente ocasionó interrupción de servicio público y lesiones a un tercero, miembro de la Policía Nacional. Representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estuvieron presentes.
Angel y Manuel decidieron acogerse al procedimiento abreviado, aceptaron su participación en las protestas del día 14 de julio de 2023, dada su manifiesta oposición a la minería en sus territorios y al proceso inconstitucional de consulta ambiental que pretendía realizar el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, sin embargo, niegan haber destruido la UPC y más bien se consideran víctimas de criminalización.
Durante este proceso que duró 20 días, tuvieron que enfrentar un juicio injusto que manifiesta como el sistema de justicia penal criminaliza y se ensaña contra los defensores.
Desde el 14 de julio, cuando fueron detenidos de manera arbitraria y trasladados a la ciudad de Guaranda, sin poder ser contactados por familiares, lo cual, además de ser una irregularidad al no ser llevados frente a su Juez competente (cantón Las Naves), limitó su derecho a contar con su abogada particular de confianza que reside en Las Naves. En ese contexto se realizó la audiencia de flagrancia, el 15 de julio, en la que la defensora pública asignada permitió que se autoincriminen, Fiscalía solicitó sin fundamento la prisión preventiva y el juez de la causa, sin explicar los motivos, la concedió, privándoles de su derecho a defenderse en libertad.
Durante la instrucción fiscal, Fiscalía no presentó elementos suficientes para determinar la responsabilidad de los defensores, frente a los hechos denunciados. Así por ejemplo, una de las agravante era haber causado lesiones en una tercera persona presentando como prueba un informe médico realizado por la Fiscalía el 15 de julio de 2023 que informa la existencia de un corte en miembro superior, que recibió 4 puntos de sutura y 8 días de incapacidad; sin embargo, en el informe médico del MSP realizado el día anterior, 14 de julio, se informa sobre la existencia de una “contusión” y no un corte, evidenciando una contradicción que por principio de objetividad, debió ser considerada por el Fiscal de la causa. También destacamos que Fiscalía no consideró las Directrices para la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en investigaciones que se desarrollen dentro de contextos de protesta social, documento emmitido por la Fiscalía General del Estado el 09 de enero de 2020 y de obligatorio cumplimiento.
De otro lado, los entonces procesados anunciaron sus pruebas tres días antes de la audiencia de juicio, como manda el COIP, sin embargo, el Juez de la causa consideró que la solicitud había sido extemporánea en un claro error de cómputo, que les negó la posibilidad de poder presentar su prueba dentro de la audiencia.
Finalmente, destacamos que el Informe de Cuantificación de Daños incorporado al proceso establecía un avalúo de USD $1200,00 por roturas de vidrios y de una puerta de ingreso.
Por todos estos hechos, los procesados corrían el riesgo de enfrentar una pena agravada de prisión de hasta 4 años. Ángel tiene 2 hijos y es cabeza de familia, Manuel sostiene ecónomicamente a su madre adulta mayor, ninguno tiene antecedentes penales, ambos son campesinos que trabajan por jornal en actividades agrícolas, el sostenimiento de sus familia depende de su trabajo. Fue en este contexto que ellos y sus familiares decidieron acogerse al procedimiento abreviado.
Así, el 03 de agosto de 2023, el juez de la causa impuso la pena de 8 meses, una reparación de USD $1400 y multa de 2 salarios básicos para cada uno, en total, USD $3.200,00 y ordenó su inmediata libertad en la misma audiencia, a las 17:00 aproximadamente, quedando las autoridades del Centro de Privanción de Libertad notificadas en ese mismo momento. Sin embargo, la orden del juez no fue acatada sino hasta el día de hoy, 04 de agosto de 2023, a las 09:30.
Este es el escenario que deben enfrentar los defensores de derechos que son criminalizados: maltratos y golpes al ser detenidos, investigaciones parciaizadas y sin garantías al debido proceso, enormes barreras para realizar la defensa técnica, en definitiva, procesos judiciales injustos que les impiden defenderse en libertad y les imponen penas desproporcionadas.
Como organización de derechos humanos nos preocupa la actuación de las autoridades y funcionarios públicos que con su acción facilitan la criminalización de personas defensoras, sin respetar los estándares mínimos de derechos humanos nacionales e internacionales que deben ser observados para evitar vulnerar derechos.
Solicitamos a las autoridades nacionales investigar los hechos descritos que no pueden volver a ocurrir en un estado constitucional de derechos y justicia. A los organismos internacionales de derechos humanos prestar atención a la actuación de la justicia en el Ecuador, que no garantiza condiciones para poder ejercer los derechos, en especial a personas defensoras.
