La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, expresa su profunda preocupación por la crisis energética en Ecuador, marcada por apagones de hasta once horas diarias. Esta problemática se agrava por la escasez de agua y las sequías que afectan gravemente el consumo humano y la actividad agropecuaria, en un contexto de calentamiento global que también ha intensificado la frecuencia y severidad de los incendios forestales, como el reciente provocado en la ciudad de Quito con graves impactos y afectaciones al ambiente y a varias familias que lo han perdido todo.
La sequía, exacerbada por el calentamiento global, ha limitado la disponibilidad de recursos hídricos esenciales para la generación de energía. Este fenómeno no solo afecta el suministro eléctrico, sino que también compromete la producción agrícola, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población, especialmente de la población campesina que depende de la tierra y que abastece a las ciudades con alimentos.
Además de la sequía, Ecuador está experimentando el año con el mayor número de hectáreas quemadas por incendios forestales desde 2010. Hasta septiembre de 2024, se han quemado “36,399 hectáreas, la cifra más alta en los últimos 14 años”[1]. En particular, los incendios forestales en Quito han devastado áreas verdes cruciales para la biodiversidad y han afectado gravemente la calidad del aire en la ciudad. Estos incendios, provocados por actividades humanas y condiciones climáticas extremas, agravan la crisis ambiental en el país. La pérdida de bosques y biodiversidad no solo afecta el clima, sino que también disminuye la capacidad de recuperación de los ecosistemas, exacerbando la crisis hídrica y energética que enfrentamos.
Ambos fenómenos, la sequía y los incendios, son reflejo de una realidad planetaria: el calentamiento global. “Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), hay un 80 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1.5 °C los niveles preindustriales en al menos uno de los próximos cinco años.”[2]
La crisis energética y la crisis hídrica que sufre Ecuador responden a esta realidad mundial y no son temas aislados. A partir de los datos científicos, el cuidado y protección del agua, bosques y páramos es cada vez más prioritario y fundamental para la vida y la seguridad alimentaria. Por ello, el gobierno debe implementar políticas públicas que garantice la protección del agua para la vida en lugar de apoyar actividades como la minería que contribuyen negativamente al calentamiento global.
Precisamente, las empresas mineras consumen grandes cantidades de agua, contaminan fuentes acuíferas y, además, pagan tarifas eléctricas más bajas que las de la ciudadanía. Esto significa que la población, ya afectada por altos costos de servicios y escasez de recursos, subsidia a las empresas mineras, que operan con capitales extranjeros. Esta situación revela una profunda injusticia en la gestión de recursos en el país.
Cabe señalar que hasta 2020, de acuerdo con datos de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), Ecuador ha concesionado 30 megaproyectos mineros con inversión de capitales transnacionales. La información del catastro revela que el 53.79 % de estas concesiones corresponde al régimen de gran minería, mientras que el 22.74 % está destinado a la pequeña minería. Además, el 12.33 % se clasifica bajo el régimen general, y el 8.66 % corresponde a la mediana minería. Este panorama pone de manifiesto la predominancia de grandes proyectos mineros en el país, lo que plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y social.[3]
También cabe recordar que desde 2018, el catastro minero en Ecuador está cerrado hasta que se establezca la regulación de Consulta Previa, la cual aún no se ha implementado. A pesar de la falta de regulación, se han otorgado más de 600 concesiones mineras, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso. Además, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el ARCOM están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, lo que sugiere preocupaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de concesiones y en la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
Es así que la reciente estrategia del gobierno de Daniel Noboa de enmarcar la crisis como “hídrica, no energética”, plantea serias preocupaciones sobre su enfoque hacia la gestión de recursos en Ecuador. Esta narrativa no solo desvía la atención de la gravedad de los apagones y sus repercusiones en la vida cotidiana de las y los ciudadanos, sino que también minimiza la interconexión entre la crisis hídrica y la crisis energética.
Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional continúa promoviendo acuerdos internacionales para atraer inversión extranjera, especialmente en el sector minero. La reciente visita a Canadá[4], donde Daniel Noboa se reunió con ejecutivos de Barrick Gold Corporation y Salazar Resources, es un claro indicio de una política que prioriza el capital sobre el bienestar de las comunidades. Estos encuentros, en los que se discutieron compromisos de inversión y generación de empleo, parecen más una promesa de desarrollo económico que una consideración genuina por el entorno y los derechos de los pueblos y comunidades.
Si es un gran negocio para el país, entonces, ¿por qué subsidiamos el consumo de energía eléctrica? ¿Y por qué se está priorizando la poca agua que tenemos a las actividades mineras, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el consumo de agua de todo el país?
Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, lo que incluye acceso a agua potable suficiente y segura. Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas subraya la importancia de garantizar el acceso al agua y a los recursos naturales, respetando los derechos de las comunidades locales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales reconoce el derecho de los campesinos a un acceso adecuado a los recursos naturales, incluyendo el agua.
Este documento enfatiza la necesidad de proteger la tierra y el agua que son esenciales para la producción alimentaria y el sustento de las comunidades rurales. La falta de acceso al agua no solo amenaza la seguridad alimentaria, sino que fundamentalmente pone en riesgo la vida y la dignidad de quienes dependen de la agricultura.
Llamado a la acción!
La crisis hídrica y energética que enfrenta el país es producto de una serie de factores interrelacionados que requieren atención urgente con un enfoque centrado en los derechos humanos. Por ello, la CEDHU hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice el acceso al agua potable y a la electricidad en cantidad y calidad adecuadas. Además, instamos al gobierno a desarrollar políticas integrales que aborden de manera efectiva las causas profundas de esta crisis, priorizando la sostenibilidad y el bienestar de la población por encima de los intereses corporativos.
Asimismo, exigimos que se detenga la entrega de autorizaciones ambientales a empresas mineras que consumen grandes cantidades de agua y pagan tarifas mínimas.
Es fundamental implementar medidas a largo plazo como la reforestación, la protección de ecosistemas y la inversión en sistemas de riego eficiente en el sector agrícola, medidas que permitirían abordar de manera efectiva la crisis energética y prevenir la contaminación ambiental. Estas acciones son esenciales para asegurar un uso sostenible de los recursos naturales y proteger los derechos de las comunidades ecuatorianas.
También expresamos nuestra sincera y profunda solidaridad con las familias, los barrios y las comunidades que han resultado víctimas de los incendios, al igual que lamentamos la pérdida irreparable de la flora y fauna, convocando a apoyar de forma solidaria con quienes ha perdido sus bienes materiales, al tiempo que exhortamos al Estado y a la sociedad a estar vigilantes, denunciar y sancionar todo acto que atente contra la vida de las personas y de la naturaleza.
La CEDHU reitera su compromiso de seguir vigilando la situación y abogando para que las decisiones del poder público prioricen la justicia social y ambiental, garantizando así los derechos humanos de todas las personas.
Contacto de prensa CEDHU:
0990066124
[1] Primicias, “2024 es el año con más hectáreas quemadas en incendios forestales desde 2010 en Ecuador”, primcias.com, 21 de septiembre de 2024, https://www.primicias.ec/sociedad/2024-hectareas-quemadas-incendios-forestales-data-79290/.
[2] Organización Meteorológica Mundial, “Es probable que en los próximos 5 años la temperatura mundial supere temporalmente en 1,5 °c los niveles preindustriales”, wro.org, 05 de junio de 2024, https://wmo.int/es/media/news/es-probable-que-en-los-proximos-5-anos-la-temperatura-mundial-supere-temporalmente-en-15-degc-los.
[3] Fuente: ARCOM, Concesiones mineras 2014, 2017, 2019 y 2021
[4] Comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de fecha 10 de septiembre de 2024, https://www.comunicacion.gob.ec/agenda-presidencial-en-canada-continua-con-encuentros-con-inversionistas-canadienses/.
