El día de ayer, 11 de febrero de 2025, el Tribunal Penal de Garantías Penales de Guaranda integrado por Luis Eduardo Guanan Paucar, Mayra Dolores Chango Pumalema y Luis Alberto Alfonso de la Cruz, dictó sentencia que condena a 4 años de prisión a Fausto A., Wilfrido E., y Gilberto T., tres líderes campesinos, defensores del agua y la naturaleza, por supuestamente haber cometido el delito de violación a la propiedad privada.
Todo esto en un contexto de criminalización a personas campesinas defensoras del agua, la naturaleza y derechos humanos que se oponen a la explotación minera del proyecto Curipamba el Domo, ubicado en el cantón Las Naves, que fue concesionado por el Estado ecuatoriano a la compañía Curimining S.A., sin un proceso de consulta previa, libre e informada.
El tribunal llegó a esta injusta decisión pese a que, luego de la práctica de la prueba, no existió un solo elemento que demuestre que los tres defensores hubieran participado en los hechos analizados, más cuando el perito de reconocimiento del lugar de los hechos y el de audio y video dijeron en audiencia que las personas que habrían invadido propiedad privada, estaban cubiertas las caras y que a quienes tenían el rostro descubierto, no era posible identificarlas ni siquiera describir sus vestimentas o rasgos corporales. Cabe señalar que en el proceso tampoco existe una pericia de identidad humana que permitiera demostrar la presencia de los defensores en aquellos eventos.
Un hecho relevante que ocurrió durante la audiencia, fue que la acusadora particular admitió en su testimonio que su hijo trabaja para Curimining S.A.
Coincidentemente, los abogados patrocinadores de los acusadores particulares de este caso cuyo número es 02334-2022-00170, son los mismos que defienden a la compañía Curimining dentro de los procesos penales 02334-2023-00052 y 12281-2022-00492, en los que esta empresa es acusadora particular de otro grupo de 9 campesinos que, en el primer caso, fueron sentenciados a fines de 2024 y que esperan su audiencia de apelación para el próximo 18 de febrero de 2025. Pero las coincidencias no acaban ahí. Existen al menos 3 procesos judiciales adicionales en contra de campesinos defensores, cuyos acusadores particulares son terceras personas pero que están patrocinados por los mismos abogados (02308-2023-00065, 12281-2022-00471, 12281-2022-00258).
No cuestionamos el derecho de dichos profesionales de ejercer patrocinio y defender a quienes estimen pertinente, sin embargo, si expresamos públicamente nuestra preocupación que detrás de aquello, se encuentre una estrategia de Curimining para, abusando del derecho penal, criminalizar a personas campesinas que se oponen abiertamente a la imposición arbitraria de un proyecto minero a cielo abierto que devastará su territorio.
Todo esto ocurre ante la omisión estatal de desarrollar e implementar la política pública, directrices y mecanismos institucionales para garantizar la labor de las personas defensoras y evitar el abuso del derecho penal, en casos como este.
Instamos a los Jueces a analizar los casos de manera imparcial, desde un enfoque de protección de derechos humanos, considerando la normativa nacional y los estándares internacionales sobre la materia. Informamos que apelaremos la decisión del Tribunal y denunciaremos a nivel internacional las irregularidades cometidas en este proceso.
Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Relatora Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos para que observen y acompañen estos casos de criminalización contra defensores, que lamentablemente, no son los únicos en el país y que parecen dar muestra de un patrón sistemático de violación de derechos, y abuso de poder por parte de las empresas.
