Ayer, 6 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra cinco campesinos defensores de la tierra: Ángel Rochina, Óscar Gavilanez, Holger Gavilanez, José Gavilanez y Piedad Guaranda. Estas personas defensoras de la tierra y el agua, enfrentan cargos por el supuesto delito de violación a la propiedad privada ante el Juez Multicompetente del cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar.
Durante la audiencia, la Fiscalía emitió su dictamen acusatorio, pero la sesión se suspendió al concluir la jornada laboral. La audiencia se reinstalará en los próximos días, según disponga el Juez.
Es importante destacar que en este caso se emitió un Dictamen Fiscal abstentivo, ya que la fiscal consideró que no había suficientes pruebas. Sin embargo, los acusadores particulares, vinculados a la empresa Curimining S.A., elevaron el dictamen a consulta, y el Fiscal provincial decidió revocar la decisión de no proceder. Además, es crucial que se respete el debido proceso, la normativa y los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la criminalización de defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el uso indebido del derecho penal ocurre generalmente en contextos donde hay tensiones o conflictos de interés con actores estatales y no estatales… la criminalización de las actividades de defensa de los derechos de las comunidades que ocupan tierras de interés para el desarrollo de mega-proyectos y explotación de recursos naturales”, lo que resalta el posible conflicto de intereses en este caso.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos para que estén atentas al desarrollo de esta audiencia, ya que la libertad de estos campesinos, defensores del agua y la tierra, está en grave riesgo.
