El sábado 31 de mayo de 2025, se realizó en la Plaza Grande de la ciudad de Quito el acto de disculpas públicas del Estado Ecuatoriano en favor de las 342 abacaleras y abacaleros que, en diciembre de 2024, fueron declarados por la Corte Constitucional como Víctimas de esclavitud-servidumbre de la gleba, perpetrada por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Esta violación a los derechos humanos fue reconocida, y el Estado también fue declarado responsable por omisión.
El reconocimiento de responsabilidad por la violación a derechos humanos en un acto público, en el que se ofrecen disculpas por parte de las máximas autoridades de un país, es un acto simbólico, que para las abacaleras y los abacaleros significa el reconocimiento de que su reclamación de estos últimos 6 años siempre fue legítima y que siempre dijeron la verdad.
Era del mayor simbolismo que este acto se realizara en la Plaza Grande, un icónico lugar de Quito, que representa un punto de encuentro para la protesta y lucha social de Ecuador. Aquí fue donde en 2018 las personas abacaleras acudieron por primera vez para denunciar las indignas condiciones a las que eran sometidos por la empresa Furukawa.
Sin embargo, este acto público, planificado por varias semanas, en conjunto con representantes de las víctimas, resultó en una gran decepción luego de escuchar la intervención de Ivonne Núnez, Ministra de Trabajo, autoridad que fue delegada por el Presidente de la República para ofrecer las disculpas públicas en su nombre.
La Ministra de Trabajo mencionó que Furukawa inició sus actividades en 1963, que en 2019 la Corte Constitucional dictó una sentencia que declaró la existencia de esclavitud moderna, y que lo que cabe ante estos hechos es reconocer que se violaron disposiciones nacionales e internacionales que violaron la dignidad humana, que el Estado hizo “oídos sordos”. Reiteró que, ante esta situación, el Estado debía pedir disculpas, y que Furukawa pague la reparación económica y que se debe dictar una política nacional para la defensa de derechos de los trabajadores. También dijo que que las entidades estatales se comprometían a “fundar un Estado que constituya siempre el Estado garantista de los derechos de los trabajadores” “con fe que podemos hacer de nuestro Ecuador un país unido”. Dijo que el 31 de mayo sería el día de los trabajadores de Furukawa.
Nada se dijo respecto al reconocimiento de que la servidumbre de la gleba afectó a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, por su condición de pobreza y su origen afrodescendiente. Que esta violación a los derechos humanos se mantuvo por más de cinco décadas debido al abandono estructural de las entidades del Estado. No se ofrecieron disculpas por el racismo estructural que permea al Estado y todas sus instituciones. Tampoco se realizó ningún compromiso respecto a las medidas que se adoptarán para prevenir y erradicar la esclavitud, ni sobre la entrega de bonos, ni sobre planes de vivienda, sobre planes de acceso a salud integral y educación para las víctimas reconocidas. Nada se dijo sobre las medidas que se estarían adoptando para identificar a las cientos de víctimas de Furukawa que no forman parte de la sentencia de la Corte.
Mencionar aquello era fundamental, no solo porque así lo dispuso expresamente la Corte Constitucional como parte del contenido de la disculpa pública estatal, sino porque la razón que la Corte identificó como causa del sometimiento del que fueron víctimas abacaleras y abacaleros, fue el abandono estructural de las entidades públicas.
Respecto a la declaración del 31 de mayo como día de los trabajadores de Furukawa, consideramos que tal medida, que no fue consensuada con las víctimas o sus representantes, demuestra la falta de compresión sobre la gravedad y la sensibilidad de este caso que busca reivindicar a las abacaleras y abacaleros libres. Esta medida fue dispuesta por la Corte, pero tal declaratoria le corresponde a la Asamblea Nacional, quien deberá definir la fecha a partir de los hitos alcanzados en el proceso de denuncia de servidumbre.
Como representantes de las 123 víctimas que forman parte del grupo de Afectados, consideramos que la medida de disculpas públicas a cargo del Estado no se cumplió adecuadamente. Tampoco se ha cumplido la medida de no repetición para el desarrollo de la Política Pública para superar las causas estructurales de la servidumbre de la gleba, cuyo diseño requiere la participación activa de las víctimas.
Superar las causas estructurales de la servidumbre de la gleba, así como, superar la exclusión social que posibilitó que abacaleras y abacaleros fueran sometidos por Furukawa, requiere la activación de todas las carteras de Estado señaladas por la Corte Constitucional, de manera integral. Y se necesita también de un papel activo de la sociedad y los medios de comunicación.
Nos ha llamado la atención que en la mayoría de reportajes que los medios han hecho sobre este acto de disculpas, al referirse a las declaraciones de los abogadxs defensorxs, no mencionan que el primer cuestionamiento a las expresiones de la Ministra fue la omisión del racismo estructural.
El principal obstáculo y desafío para alcanzar verdadera Justicia y Reparación para las abacaleras y abacaleros se encuentra en la resistencia a llamar por su nombre a la causa de origen de que cientos de personas fueron sometidas a esclavitud.
Los siguientes pasos serán continuar con la Fase de Verificación del Cumplimiento de la sentencia, ante la propia Corte Constitucional, a quien le corresponde exigir al Estado el cumplimiento de las medidas a su cargo y exigir también a Furukawa que pague las reparaciones económicas sobre las que existe un incumplimiento total. Furukawa, pese a declarar públicamente su voluntad de cumplir con la sentencia, en los actos y sus discursos, mantiene inalterable su postura de negar su responsabilidad y continuar estigmatizando y revictimizando a quienes son sus víctimas.
Está también pendiente el proceso penal que se siguen en contra de Furukawa y sus directivos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, que luego de la recusación planteada en contra de la jueza ponente del tribunal penal, fue declarada la nulidad de todo lo actuado el año pasado por lo que la audiencia de juicio iniciará, nuevamente, en septiembre próximo.
Quienes conformamos la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos seguiremos acompañando y vigilando el cumplimiento de la sentencia. Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación para que sigan de cerca este caso y alcemos la voz para exigir el cumplimiento de la sentencia a la empresa Furukawa y al Estado Ecuatoriano.
!Justicia y Reparación Ya!
Furukawa Nunca Más
