El pasado 12 de noviembre de 2024 la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, integrada por Nelly Marlene Núñez Núñez (ponente), Rancés Fabrizzio Astudillo Solano y Álvaro Mauricio Ballesteros Viteri, negó la Apelación de la acción de protección que un grupo de 27 campesinas y campesinos de Las Naves presentaron en contra del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE por la violación de su derecho a la consulta ambiental previa a otorgar licencia ambiental para Explotación de la concesión minera Curipamba – El Domo, cuya concesionaria es la compañía canadiense Curimining S.A.
La Sala Provincial de Bolívar afirma que la pretensión de los accionantes es un tema de legalidad por el que se debió acudir a la vía contencioso administrativa, sin contrastar los hechos alegados y probados con los estándares de la Corte Constitucional, simplemente los desconoce de manera flagrante, pese a que fueron ampliamente alegados por la defensa de los accionantes.
Este caso permite evidenciar que ni el MAATE ni los jueces provinciales de Bolívar respetan las decisiones de la Corte Constitucional, pues la sentencia 51-23-IN/23 claramente señaló que el Decreto 754, pese a ser inconstitucional, podía ser aplicado siempre que se respetarán los estándares sistematizados en esa sentencia.
Ante las violaciones cometidas por los jueces, en las próximas semanas presentaremos una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y activaremos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Pero no solo eso, el MAATE se ha convertido en un permanente vulnerador de derechos de la población campesina de Las Naves.
Recordemos que el 28 de junio de 2024, días después la presentación de la acción de protección, la Agencia de Regulación y Control del Agua realizó una inspección al punto de captación y obras del sistema de una Autorización de Uso de Agua cuyo titular es el GAD Municipal de Las Naves, pero que sus Beneficiarios son los Accionantes, inspección que desencadenó que el 16 de julio de 2024 el MAATE iniciara el procedimiento No. 5244-2024 para la reversión de esa Autorización de Uso de Agua.
El proceso de reversión aún se mantiene abierto, hemos pedido en varias ocasiones copias del mismo, sin embargo, hasta la presente fecha, no han brindado acceso al expediente, pero sí realizaron una nueva inspección el día 17 de octubre de 2024, otra vez, “coincidentemente” el mismo día de la audiencia de apelación de la acción de protección.
Este hecho ha sido constantemente mencionado en las audiencias de esta acción de protección, por la abogada del MAATE, Karla Solano Candell, quien olvidándose de sus deberes y responsabilidades como servidora pública, no ha perdido oportunidad para hacer insinuaciones maliciosas y estigmatizar a los líderes de las comunidades beneficiarias de esa autorización de agua.
Lo cierto es que el Estado ecuatoriano, el MAATE en particular, se niega a garantizar el derecho a la consulta ambiental, no le interesa dialogar con los ciudadanos campesinos, mucho menos quiere escuchar las opiniones de quienes se oponen a sus decisiones. Esto ha quedado claro después de lo ocurrido en las protestas del pasado 21 de noviembre.
No podemos dejar de señalar la responsabilidad que tiene la Corte Constitucional al permitir con su sentencia 51-23-IN/23 que se aplique el Decreto 754 en comunidades campesinas como Las Naves y Palo Quemado, a sabiendas de que el contenido de ese Decreto es contrario a los estándares dados por la Corte Constitucional y, sin aplicar la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de campesinos, ratificada por Ecuador en abril de 2023, que habría permitido conceder en su beneficio la misma excepcionalidad que se brindó a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.
Este contexto de discriminación y desprotección de personas campesinos se evidencia otro grave problema: la ausencia de una política pública y sistema de protección para defensores de derechos humanos y de la naturaleza orientada a evitar la criminalización.
Mañana Fausto A., Wilfrido E., y Luis T., campesinos defensores de derechos, deberán enfrentar su audiencia de juzgamiento por el delito de violación a la propiedad privada. Ellos fueron sobreseídos en 12 de julio de 2023 porque no se encontraron pruebas en su contra, sin embargo, el acusador particular, quien es familiar de un trabajador de Curimining, apeló esta decisión por lo que en septiembre de 2023 la Corte Provincial de Justicia de Bolívar revocó el sobreseimiento y dio paso a la fase de juzgamiento que iniciará el día de mañana.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, organismos internacionales de derechos humanos y a la ciudadanía en general a unirse en la defensa de estos derechos fundamentales, para que juntos podamos exigir justicia y el respeto a la dignidad de las comunidades campesinas del Ecuador. La lucha por la defensa del territorio, el agua y la vida continúa, y no descansaremos hasta que se haga justicia.
