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El Gobierno provoca a comunidades en la zona de Intag

Hacemos una llamada urgente al Gobierno a retirar a sus empleados y subcontratistas con el fin de prevenir enfrentamientos violentos entre comuneros, hasta que el estado cumpla estrictamente con las observaciones y resoluciones de la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo; incluyendo ejecutar la caducidad de la concesión minera Llurimagua. Por pedido de los integrantes de la Asociación de Producción Agrícola Defensores del Agua, Tierra y Vida (ASOPROAGUA), la cual agrupa a...

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Cárceles de Ecuador: intervención militar afuera de centros no tiene sustento

La Hora | Para Elsie Monge, directora de la CEDHU, las condiciones de hacinamiento y la violencia extrema no se pueden combatir con “más fuerza”. De acuerdo con su experiencia, dice que eso no resuelve nada y que no toca el fondo del problema que estarían vinculadas con la inoperancia de la Justicia y “el abuso de la prisión preventiva”. Vea la nota completa aquí.

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35 mujeres fueron víctimas de femicidio de 1 de enero al 5 de mayo del 2019, según organizaciones sociales

El Comercio | Esa información surge del más reciente mapa de femicidios levantado por organizaciones de la sociedad civil: Fundación Aldea, Taller Comunicación Mujer, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Red de Casas de Acogida para víctimas de violencia. Vea la nota completa aquí.

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Graves irregularidades detectadas por Contraloría General del Estado en proyectos de minería a gran escala LLurimagua (Intag-Cotacachi)

Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.

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RESUMEN DEL INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Sobre el Proyecto Llurimagua de ENAMI EP-CODELCO

El informe señala el conjunto de violaciones cometidas por las instituciones del estado y las compañías mineras durante su operación. El arresto irregular del entonces presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, el asalto violento con cientos de policías y militares y la ocupación forzada de la comunidad entre otros.

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