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COMUNICADO DE PRENSA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ABRE CAMINO PARA AUDITAR FESTÍN MINERO


El 11 de diciembre de 2017 el Presidente, Lenin Moreno, dispuso al Ministerio de Minería que suspenda la entrega de concesiones mineras en el país y, respecto de las ya otorgadas que realice una auditoría integral. Por lo que varias organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos exigimos ayer, 20 de diciembre de 2017, a la Contraloría General del Estado que inicie inmediatamente un proceso de auditoría sobre la política de entrega de concesiones mineras y exámenes específicos sobre los proyectos mineros más avanzados.

 

reunioin 20dic

 

El subcontralor Ingeniero Hugo Pérez, atendió a la delegación de organizaciones presentes en Quito, quienes informaron que casi el 15% del territorio nacional está comprometido por concesiones mineras y que siete proyectos se encuentran en etapas avanzadas de exploración o de explotación. Son los proyectos Cascabel y Llurimagua en Imbabura; Río Blanco y Loma Larga en Azuay; Panantza-San Carlos en Morona Santiago, y; Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, los cuáles ya han provocado graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza, que van desde contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzado y asesinato.

 

mapa 20 dic


Como resultado de la reunión, el Subsontralor se comprometió a recibir la información que las organizaciones sociales sistematizarán y entregarán el 25 de enero de 2018. Adicionalmente se acordó una reunión previa con la Directora Nacional de Auditoría para revisar los exámenes que la Contraloría ya realiza sobre concesiones y proyectos mineros para poder determinar el alcance de aquellos que se realizarían el próximo año.


Recordamos al Estado Ecuatoriano que los territorios, comunidades y organizaciones ya se han pronunciado por territorios libres de minería. Acogemos el diálogo propuesto por el gobierno nacional, pero demandamos que se lo haga de manera transparente y directa entre la Presidencia de la República y las organizaciones sociales y no supeditado al Ministerio de Minería, responsable de provocar esta situación.

 

prensa 20dic

Confederación Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU
Acción Ecológica
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador - OMASNE
Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay - FOA Azuay
Defensa y Conservación de Íntag - DECOIN
Comunidad Indígena de la Cordillera del Cóndor - CASCOMI
Lupita de Heredia

 

#AuditoríaAlaMinería

 

 

 

 

París, Quito, 14 de diciembre de 2017.-

La FIDH junto con sus organizaciones miembro en Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Acción Ecológica solicitan al nuevo gobierno ecuatoriano declarar la caducidad de las concesiones y anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, ya que éstos han causado violaciones a los derechos humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza. Nuestras organizaciones exigen que se haga cumplir la obligación de restaurar los ecosistemas y reparar integralmente a las personas y comunidades afectadas desde hace aproximadamente 20 años.

 

"Esperamos que el gobierno de Lenin Moreno cumpla el anuncio hecho al movimiento indígena el lunes 11 de diciembre de suspender la entrega de nuevas concesiones mineras y atienda de forma prioritaria las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor.”, señalaron las organizaciones.

 

vulneracion de derechos


La Cordillera del Cóndor tiene una de las concentraciones de biodiversidad más ricas del mundo y allí habitan sociedades amazónicas, entre ellas la nacionalidad Shuar que constituye el grupo amazónico más numeroso de Ecuador. En esos territorios se han instalado los proyectos mineros Panantza-San Carlos y Mirador propiedad del consorcio Chino CRCC-Tongguan Investement Company con casi 50000 mil hectáreas concesionadas y el proyecto Fruta del Norte de propiedad de la empresa sueco canadiense Lundin Gold Corp con 75000 hectáreas concesionadas.


Estos proyectos de extracción de recursos no renovables fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y a pesar de que el Mandato Minero No. 6 de 2008 debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan estos proyectos.


Durante la última década organizaciones no gubernamentales han documentado el impacto de la expansión e intervención minera a gran escala en la Cordillera del Cóndor en los derechos humanos y en la naturaleza, a través de los trabajos que han sido compilados en un Informe que se publica el día de hoy: “Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor”.


En este informe las organizaciones solicitan la extinción de los proyectos mineros a causa del acaparamiento de la tierra irregular e ilegal de las empresas y los graves impactos que han tenido sobre la naturaleza, ríos, bosques y suelos. Esto afecta a la vez a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud; sus actividades ocupacionales -agricultura, ganadería, recolección y pesca-, sus prácticas culturales, todo lo cual sostiene su identidad y tejido socio-organizativo.


Estas vulneraciones se traducen en un acumulado de violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada (incluyendo la tierra/territorio), a la alimentación, al agua, a la salud, a la cultura, la educación, al trabajo, a la seguridad de las personas, a la seguridad de un hogar, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad de circulación, a la autodeterminación de los pueblos, entre otros.


A lo anterior se suma la represión y criminalización constante a través de la interposición de denuncias y juicios desde el Estado y empresas, en contra de dirigentes, líderes y demás personas que se han organizado para la defensa de sus comunidades y territorios, especialmente en zonas de influencia de los proyectos mineros Mirador y Panantza-San Carlos. Las organizaciones solicitan al gobierno continuar con la suspensión de los procesos judiciales, iniciados en julio de este año, y que se garantice un entorno favorable para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Ecuador.


Finalmente, las recomendaciones del informe vienen en complemento al proceso actual de negociación de un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que dicho proceso sea acompañado, tanto en los países de origen de las empresas como en Ecuador, por el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales para garantizar la protección de los derechos humanos y los y los defensores que trabajan en el contexto de operación de empresas extractivas.

 

 

En su memoria como defensor de derechos ambientales y territoriales

 

¡El asesinato de José Isidro Tendetza Antún no es un caso aislado! En 2016 tres de cada cuatro asesinatos perpetrados contra defensores de derechos humanos ocurrieron en América Latina y el Caribe y, entre ellos, las y los defensores de la tierra, los territorios y el ambiente son los que más riesgo enfrentan en sus labores cotidianas y colectivas de resistencia.

josé tendetza

En la parroquia rural amazónica de Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el Estado Ecuatoriano y la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA) disputan con las comunidades locales el control del territorio para imponer el proyecto Minero Mirador. Este pretende ser el primer proyecto de explotación industrial de minerales metálicos a gran escala y a cielo abierto, procesando diariamente 60.000 toneladas de roca con un consumo de más de 200 litros de agua por segundo, poniendo en riesgo a la Cordillera del Cóndor y a las comunidades que en ella habitan.


El gobierno ecuatoriano, a través de sus discursos, normativa y políticas públicas, ha promovido la consolidación de dicho proyecto. Sin embargo, tal como lo denuncia la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, éste no ha garantizado un entorno propicio y seguro para que las comunidades afectadas ejerzan libremente sus actividades en defensa del ambiente y sus territorios.

 

Una serie de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la última década dan cuenta de ello:

1) Entre 2006 y 2010, la empresa ECSA ejecutó un proceso irregular de compra/venta de tierras para acaparar territorios en la parroquia engañando a familias campesinas;

2) En agosto de 2014, la misma empresa destruyó la iglesia y escuela comunitarias del barrio San Marcos alegando que se encontraban dentro de su propiedad privada;

3) El 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2016, el Estado ejecutó dos violentos desalojos en el barrio de San Marcos y otras tierras aledañas para traspasar la propiedad comunitaria a manos de ECSA.


Durante todo este tiempo, el Estado y la empresa, en varias ocasiones, iniciaron procesos penales injustos e ilegítimos contra varias personas de la organización social indígena CASCOMI y del pueblo Shuar que habitan en la zona, incluidos algunos de sus dirigentes, entre ellos, José Isidro Tendetza Antún, indígena Shuar. Además, el Estado, a través de discursos políticos, difamó, estigmatizó y deslegitimó su labor como defensoras y defensores.


En ese contexto de inseguridad y violencia contra las comunidades afectadas por el proyecto Mirador, el 29 de noviembre de 2014 José Isidro Tendetza Antún desapareció a pocos kilómetros de llegar a su comunidad Yanúa Kim. Y el 2 de diciembre de ese año su cuerpo apareció flotando en el río Zamora en el sector de Chuchumbletza, zona de influencia del Proyecto Mirador. En el expediente de investigación y juzgamiento penal se confirmó que José fue interceptado el 29 de noviembre de 2014 en la vía entre Chuchumbletza y Yanúa Kim, fue maniatado y estrangulado hasta la muerte y, el 2 de diciembre, su cuerpo fue arrojado al río.


Pese a que el Ministerio de Interior informó que se realizaría una investigación oportuna y efectiva con los mejores investigadores, en la sentencia de primera instancia se declaró la inocencia de los dos únicos acusados en este caso, dos trabajadores de ECSA, y se ratificó que la Fiscalía General del Estado había realizado una investigación inicua que no contempló investigar sobre el contexto en que José Isidro Tendetza Antún realizaba sus actividades como defensor de derechos ambientales y territoriales, esto es, sus actividades de oposición a la empresa ECSA y otras pequeñas mineras asentadas en el territorio de Tundayme. El 6 de enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia y cerró el caso.




A tres años de estos hechos, y en ocasión del Día Internacional de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (8 de diciembre), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda al Estado que tiene la obligación de evitar que los territorios campesinos se vuelvan violentos e inseguros para las personas, familias y comunidades que los habitan como consecuencia de las actividades que las empresas mineras y otras extractivas realizan. Los hechos ocurridos no sólo en Tundayme, sino también en Nankints, Río Blanco e Íntag para imponer proyectos mineros a gran escala, dan cuenta de la sistematicidad en la violencia que se ejerce contra los territorios y contra las y los defensores ambientales y territoriales.

 
El Estado no puede permitir que otro hecho violento ocurra para adoptar medidas de prevención y protección. Exigimos la implementación de un sistema integral de monitoreo, prevención y protección para las personas y comunidades defensoras del ambiente y los territorios, mientras que la familia de José Isidro Tendetza Antún y la nacionalidad Shuar del Ecuador reclaman verdad, justicia y reparación. Ellos, el 6 de julio de 2017 demandaron al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la indignante impunidad en que quedó su caso.

 

COMUNICADO DE PRENSA COJUNTO - EL OBSERVATORIO / TLACHINOLLAN

 

Ginebra-Paris-Chilpancingo, 7 de diciembre de 2017 – En el día en el que se cumplen seis años de la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Marcial Bautistas y Eva Alarcón el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncian la nula voluntad del Estado mexicano para esclarecer el caso.


En el día de hoy 7 de diciembre se cumplen 6 años de la desaparición forzada de los defensores del medio ambiente, la Sra. Eva Alarcón y el Sr. Marcial Bautista, respectivamente Coordinadora y Presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán A.C. (OCESP). Seis años después, esta acción delincuencial que contó con algún grado de participación de elementos militares, de la policía estatal y de miembros del crimen organizado se mantiene en absoluta la impunidad.

En este contexto el Observatorio y Tlachinollan condenan enérgicamente la evidente falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en el esclarecimiento de este caso a pesar del seguimiento que se ha venido haciendo por parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en el marco de las Acciones Urgentes presentadas por el Observatorio1.


Durante seis años, el Estado mexicano ha omitido dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación y a nuevas estrategias que pudieran dar con el paradero del Sr. Bautista y la Sra. Alarcón y 2192 días después ni siquiera ha localizado a los testigos del crimen, lo que constituiría la piedra angular para la posible resolución de este caso. De la misma forma, el Estado mexicano ha demostrado una completa falta de voluntad política para la aprehensión de dos de los principales presuntos responsables que siguen sin ser detenidos a pesar de los señalamientos sobre su paradero y aún no se ha dictado sentencia en contra de las personas que sí han sido detenidas.

 

“La absoluta falta de diligencia para resolver el caso de desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista es un ejemplo paradigmático de la errática política de derechos humanos del Estado mexicano: ante la comisión de una grave violación de derechos humanos, con el agravante de que las víctimas son personas defensoras de derechos humanos, se muestra una evidente falta de voluntad para esclarecer el caso, perpetuando una impunidad absoluta que refuerza los riesgos para quiénes defienden derechos humanos en México”, denunciaron las organizaciones.


Por todo lo anterior, el Observatorio y Tlachinollan exigen a las autoridades mexicanas tomar acciones para asegurar la resolución de este caso incluyendo la presentación a la menor dilación de un plan y una estrategia de búsqueda del Sr. Bautista y la Sra. Alarcón que contenga acciones acordes para una efectiva investigación a pesar del paso del tiempo. Además, el Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones de atención a los familiares de las víctimas incluyendo atención física y psicológica así como información detallada sobre las diligencias realizadas.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea
para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

  1.  Acciones Urgentes 1/2012 y 2/2012, Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.


Para obtener más información, por favor contacten con:
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39
• FIDH: Samuel Hanryon: + 33 6 72 28 42 94 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• Tlachinollan: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

 

 

 

 

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Región Andina, 2 de diciembre de 2017.

 

En 1992 la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo estableció el principio 10 para garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Veinte años después de esa declaración, la sociedad civil impulsó a los Estados de América Latina y el Caribe a que negociaran un acuerdo vinculante que garantice estos derechos. En la VIII Ronda de Negociación de este instrumento en Santiago de Chile se discutió, entre otros, un artículo para la protección de los defensores ambientales (DA).


En la región los defensores enfrentan violentos ataques provocados por agentes privados y estatales, que van desde amenazas, difamaciones e intimidaciones hasta asesinatos y agresiones sexuales. La defensa del ambiente y los territorios rurales constituye una actividad riesgosa para quienes la realizan. Frente a esto, los estados han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto, protección y garantía a los derechos de los DA; así lo demuestran los ataques que estos sufren, la ausencia de sistemas adecuados de protección y las altas tasas de impunidad.


La urgencia de atender esta situación llevó a que en esta penúltima ronda de negociación los Estados reconocieron la necesidad de abordar por primera vez la situación de los DA en un acuerdo que se espera sea vinculante.

 

Artículo 9bis

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

  1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. [Convenido]
  2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso. [Convenido]
  3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente acuerdo. [Convenido]

 

La inclusión de este artículo sobre DA es un paso importante en el reconocimiento de su existencia, la legitimidad de su labor y la necesidad de su protección. Resaltamos la mención del carácter grupal o colectivo de los titulares de la protección. Además, el artículo propuesto incluye dos ámbitos diferenciados pero interrelacionados sobre la protección de los derechos de los DA. El primero, relativo al entorno propicio en el que realizan sus actividades y que se traduce en la obligación concreta de tomar medidas efectivas y adecuadas para garantizarlo y, en segundo lugar, la obligación de prevenir, investigar y sancionar los ataques que sufren.

 

Es entonces el artículo una importante herramienta a la que hay que dar vida y contenido real. Esto invita, entre otros aspectos, a reflexionar en cada contexto sobre ¿qué consideramos entornos propicios para la defensa ambiental? ¿cómo se aplica a colectividades que habitan el campo o la ciudad y requieren protección de sus territorios y del conjunto de personas que las integran? Esta mención confirma que los DA son sujetos de especial protección y por ello, en la construcción de ese entorno debe garantizarse su participación, el carácter preventivo y el monitoreo de las medidas adoptadas. Igualmente exige la atención a aspectos diferenciales de los DA de acuerdo con sus condiciones culturales, de género y edad, entre otros enfoques.

 

Luego de este paso, subsisten retos importantes tanto para la sociedad como para los estados de la región. Uno de ellos es avanzar en el reconocimiento directo de la defensa de la naturaleza como sujeto de derechos y asumir que un entorno propicio para los DA debe iniciar con hechos concretos de respeto y legitimación estatal a sus actividades.

 

En tanto los ataques y amenazas que sufren los DA buscan neutralizar o restringir su accionar, otro gran desafío es la protección sin daño procurando que toda política o medida que se adopte, además de contrarrestar los riesgos, contribuya efectivamente a la continuidad de sus actividades.

 

Por ello, y ante este reconocimiento de la apremiante situación de riesgo que enfrentan los DA, instamos a los Estados de la región, especialmente a aquellos en donde ya existen los ataques, amenazas, intimidaciones, deslegitimaciones, criminalización y graves agresiones, a hacer real e inmediata la voluntad política de protección expresa al haber preliminarmente acordado este artículo que complementa y refuerza obligaciones internacionales ya existentes de protección de defensores de Derechos Humanos.

 

No es necesario esperar más hechos lamentables contra los DA. Tampoco se puede esperar a que se concrete el procedimiento jurídico internacional para dar paso a la construcción apropiada, oportuna y efectiva de esos entornos propicios.

 

Así mismo, esperamos que al cierre de la negociación todos los estados vinculados a la misma reflejen en la redacción final del documento una decidida voluntad de transformar en entornos propicios, actuales situaciones adversas a la defensa del ambiente y de los territorios. De igual modo, a que avancen los procedimientos jurídicos que pongan fin a la impunidad de las situaciones de vulneración de derechos de DA ya acaecidas. El carácter vinculante del instrumento será también un reflejo de tal voluntad.

 

Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB
Broederlijk Delen– BD