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Tomado de: fidh

 

 

Comunicado conjunto

 

Lima, París.- 16 de noviembre de 2017. Los 24 organismos miembros de la FIDH – Federación Internacional de Derechos Humanos - reunidos en Lima, condenan rotundamente la decisión de la bancada fujimorista de declarar procedentes las denuncias constitucionales contra el fiscal de la nación Pablo Sánchez. Esta ofensiva fujimorista va asimismo contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional a quienes se pretende destituir.

 

Esta medida significa un atentado a los principios democráticos y va en concordancia directa con las prácticas utilizadas por el ex presidente Alberto Fujimori con el autogolpe de estado de abril de 1992, así como con la intervención al Poder Judicial y la Fiscalía en la década de los 90, entre otras.

 

La decisión se da en represalia a la reapertura por parte del Ministerio Público de la investigación al ex financista y ex secretario general del partido fujimorista Joaquín Ramírez por lavado de activos, así como por los interrogatorios a involucrados en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht y su relación con Keiko Fujimori.

 

La FIDH solicita a la mayoría fujimorista que suspenda y revierta esta decisión cuanto antes y reafirma su compromiso y vigilancia por el respeto de los derechos democráticos fundamentales en el país.

 

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Audrey Couprie (español, francés, inglés) - Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

 

FIDH es el acrónimo francés de "Federación Internacional de Derechos Humanos". Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: "FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)" y luego sólo como "FIDH" o “la FIDH”.

 

 

Tomado de: fidh

Comunicado conjunto

 

 

FIDH: La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales

 

 

Lima, París, 14 de noviembre de 2017.- En esos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la FIDH de las Américas al fenómeno de la corrupción, en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

 

El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.

 

Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.

 

En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas. En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.

 

El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.

 

En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.

 

“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.

 

Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.

 

Contactos prensa:

José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 Audrey Couprie (español, francés, inglés) - Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

 

FIDH es el acrónimo francés de "Federación Internacional de Derechos Humanos". Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: "FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)" y luego sólo como "FIDH" o “la FIDH”.

 

 

 Tomado de: SOA Watch

Protesta en la frontera EEUU/México 10 al 12 de noviembre 2017

CARTA DE ROY BOURGEOIS: No + Muros, Puentes de Solidaridad

 

Queridos amigos:

 

Durante 26 años, SOA Watch realizó la vigilia fuera de las puertas del Fuerte Benning, sede de la Escuela de las Américas, en protesta por el papel de Estados Unidos en perpetuar la violencia directa contra comunidades en América Latina.

 

A través de las Américas, las comunidades siguen siendo atacadas y asesinadas por fuerzas de seguridad capacitadas por Estados Unidos. Las políticas económicas y comerciales de Estados Unidos están rompiendo las economías locales y forzando la migración; y los procesos democráticos son sofocados por la intervención política estadounidense.

 

Como organización internacional, no violenta, de derechos humanos -y como un movimiento- sabemos que para exigir un cambio internacional, no podemos ignorar las causas y consecuencias internas.

 

Este año, SOA Watch volverá a estar en la frontera entre Estados Unidos y México para exigir un cambio en la política exterior de Estados Unidos y llamar a las políticas estadounidenses como la causa raíz de la migración.

 

En el Encuentro Fronterizo de este año, volveremos a llamar los nombres de aquellos que han sido torturados, detenidos, desaparecidos y / o asesinados, y como sus nombres son llamados, responderemos: ¡Presente! (¡Tú estás aquí, no has sido olvidado!).

 

Nuestro trabajo continúa y el movimiento de SOA Watch es más importante que nunca. Gracias por su apoyo continúo en estos tiempos difíciles.

 

¡Sepan que nos dan esperanza en la lucha por la paz, la justicia y la igualdad!

En solidaridad,
Roy Bourgeois, Fundador de SOAWatch

 

Más información en: www.soaw.org/border

 

 

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CONVOCATORIA A RUEDA DE PRENSA

 

Quito, 25 de octubre de 2017

 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) como ligas nacionales de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) invitan a los medios de comunicación a la rueda de prensa sobre “la escalada de violencia y vulneración a los derechos humanos y de la naturaleza provocadas por la minería metálica industrial: los casos de Tundayme y Río Blanco” este jueves 26 de octubre de 2017, a las 10:00 en las oficinas de la CEDHU, ubicada en la calle Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto, Ed. Yuraj Pirca, Piso Nº 9, junto al Edificio del Banco Central.

 

Mientras el Ministerio de Minería insiste en el discurso de la minería responsable, los impactos en los proyectos mineros estratégicos se intensifican.

 

La comunidad azuaya de Río Blanco denunciará los conflictos por el agua y los hostigamientos cometidos por la empresa China Junefield Resources y su subsidiaria Ecuagoldmining S.A. a cargo del proyecto minero Río Blanco y la protección policial a los intereses de la empresa minera.

 

La comunidad de Tundayme alertará sobre la reactivación del proceso de criminalización contra defensores de derechos humanos y territoriales y el archivo de las denuncias penales en contra de la empresa china Ecuacorriente S.A.; así como las circunstancias en las que ocurre la muerte de un trabajador de ECSA y los daños ambientales que ocurren en la construcción de la primera mina a cielo abierto, en la provincia de Zamora Chinchipe.

 

Invitamos cordialmente a los medios privados y públicos a esta rueda de prensa con la siguiente agenda:

 

  • Mónica Guarango y Estela Ochoa, representantes de la Comunidad de Río Blanco, parroquia rural de Molleturo, provincia de Azuay.
  • Luis Sánchez - Presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador – CASCOMI
  • Luis Ángel Saavedra – INREDH
  • Gloria Chicaiza - Acción Ecológica
  • Francisco Hurtado – CEDHU

 

Contactos de prensa:

Mayra Caiza: +593998943739

Francisco Hurtado: +593998598417

 

 

 

LAS AGRESIONES, HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS COMETIDOS POR LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO MINERO DEBEN TERMINAR

 

Quito, 14 de octubre de 2017

 

Mientras el gobierno nacional capta la atención política alrededor de la consulta popular en la que incluyó una pregunta para prohibir, sin excepción, la minería en las áreas protegidas, zonas intangibles y áreas urbanas del país, los conflictos socio-ecológicos que la política pública extractiva han provocado en los últimos diez años se agravan e intensifican afectando los derechos humanos de las poblaciones campesinas y rurales y amenazando con devastar ecosistemas de los que dependemos. Las concesiones mineras, casi en su totalidad, afectan a territorios fuera de las áreas protegidas.

 

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Desde hace 64 días la comunidad campesina de Río Blanco acampa en el acceso al proyecto de minería metálica que lleva el mismo nombre y que está a cargo de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara Ecuagoldmining S.A. Sus concesiones para explotación de oro se encuentran en el bosque protector Molleturo-Mollepungo, zona de páramo de la que nacen vertientes de aguas y que colinda con el Parque Nacional Cajas. Está ubicado en la parroquia rural de Molleturo, cantón Cuenca, provincia del Azuay y es uno de los últimos remanentes boscosos más grandes en la cordillera occidental de los Andes.

 

Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de Río Blanco, el día de ayer 13 de octubre de 2017, denunciaron las agresiones, hostigamientos y amenazas ejecutadas los días 8 y 9 de octubre por los miembros de la empresa de seguridad de la empresa Ecuagoldmining S.A. Durante las noche y madrugada de esos dos días arremetieron contra la casa donde permanecen niños, niñas, hombres y mujeres de Río Blanco, lanzaron piedras contra el techo hasta perforarlo e insultaron a sus ocupantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de la casa. No se reportaron heridos por estos hechos.

 

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Frente a esto, y acogiendo la invitación de los pobladores de Río Blanco, el viernes 13 de octubre varias comunidades campesinas e indígenas de diversas provincias del país (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Cañar, Loja, Manabí y Guayas) junto con organizaciones ecologistas y de derechos humanos visitaron la comunidad de Río Blanco y celebraron un encuentro de comunidades en resistencia a la minería para expresar su solidaridad y verificar la situación de las y los campesinos afectados por el proyecto minero.

 

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Desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), liga de la Federación Internacional de Derechos Humanos, denunciamos que los hechos ocurridos el 8 y 9 de octubre constituyen graves amenazas contra las y los defensores de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza de Río Blanco, y denunciamos que el gobierno nacional ha dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador para que proteja los intereses de esta empresa transnacional y no a las comunidades de la parroquia rural de Molleturo pese a la denuncia penal ya presentada por estos hechos.

 

Así mismo alertamos sobre el riesgo que enfrenta la comunidad de Río Blanco, en especial quienes permanecen en el campamento en protesta por las afectaciones de este proyecto minero, tanto por las actuaciones de la empresa de seguridad contratada por Ecuagoldmining S.A. así como por el operativo policial desmedido para proteger a dicha empresa. El día de ayer un contingente de alrededor de 15 policías de fuerzas especiales (GIR y GOE) fuertemente armados custodiaban el ingreso a la mina junto con guardias de seguridad también armados y cubiertos el rostro. Mientras tanto, las comunidades no cuentan con protección pese al grave riesgo que enfrentan.

 

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Advertimos también que cualquier nuevo acto de hostigamiento, amenazas o agresiones que sucedan contra los pobladores de la parroquia rural de Molleturo, principalmente los de la comunidad de Río Blanco, son de entera responsabilidad del Estado Ecuatoriano quien tiene la obligación constitucional y de derechos humanos de proteger a las poblaciones afectadas por actividades extractivas.

 

Ante la gravedad de estos hechos, nos solidarizamos con las comunidades campesinas e indígenas de Molleturo y solicitamos la máxima difusión de esta alerta.

 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EL 13 DE OCTUBRE DE 2017 EN LA ENTRADA A LA MINA DE RIO BLANCO POR CORTESÍA DE KARENINA CASARÍN

 

Francisco Xavier Hurtado Caicedo

ASESOR JURÍDICO

COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS – CEDHU

+593998598417

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